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El Supremo frena los abusos del abogado para retener clientes.

El Supremo frena los abusos del abogado para retener clientes.

 

El Alto Tribunal aplica la Ley de Protección de los Consumidores para anular una cláusula de un contrato entre un despacho y su cliente. Le exigía pagar unos elevados honorarios aunque se dejara el caso.

 

 

 

El Tribunal Supremo ha puesto coto, en una reciente sentencia, a los abusos que puedan darse en los acuerdos retributivos que pacten los abogados y sus clientes. Y lo hace aplicando a estos contratos la Ley General de protección de los Consumidores y Usuarios que exige buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones y excluye las cláusulas abusivas.

 

Con su decisión, el Supremo evita que un despacho utilizando un instrumento válido en derecho cláusula de rescisión capture al cliente con lo que ello puede tener de afectación a la competencia.

 

El litigio se inició por la demanda planteada por un bufete contra su cliente por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de servicios. Concretamente, reclamaba 239.366,23 euros, más 4.293,49 euros por gastos suplidos de perito y procurador.

 

La parte demandada, aunque reconoció la existencia del contrato, se opuso y pidió que, aplicando la ley de protección de los consumidores, se anularan dos de las cláusulas que aparecían en el contrato por considerarlas abusivas. Una primera, en la que se establecía que el porcentaje de honorarios a aplicar se dejaba a llibre criterio del abogado. Y, otra, en la que se fijaba una penalización para el caso de prescindir de los servicios del letrado contratado.

 

Según se desprende de la sentencia, el cliente del despacho ya fallecido firmó un contrato de arrendamiento de servicios profesionales para que defendieran sus intereses en un proceso divisorio de herencia.

 

En el mismo, se incluyó la siguiente cláusula: Si por cualquier circunstancia el cliente decidiera prescindir de los servicios de abogados, los honorarios quedarán fijados en el 15% del valor de su participación en la herencia, según la valoración más alta de la que se tenga conocimiento y serán satisfechos en el momento de retirada del asunto.

 

En primera instancia, el juzgado estimó parcialmente la demanda condenando al cliente concretamente a su hija, al haber fallecido éste al pago de 66.933,49 euros, más intereses. Para el juez, la cláusula penal no era desproporcionada, pues no resultaba excesivo un 15% del valor de su participación en la herencia, ya que quedaría a salvo el otro 85%. Posteriormente, la Audiencia Provincial revocó parcialmente dicha sentencia, aumentando la cantidad a pagar a 158.632euros.

 

Finalmente, el Supremo resuelve el litigio y, en contra de lo que sostuvo la Audiencia Provincial, sí respalda que en estos supuestos se aplique la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios.

 

De esta forma, el Alto Tribunal evita que se produzca un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones que resultan del acuerdo retributivo pactado entre abogado y cliente.

 

La Sala afirma que es evidente que lo que se convino en el contrato penaliza de forma clara y grave al cliente, desde el momento en que es la voluntad del profesional la que impone de forma encubierta los requisitos del servicio jurídico que presta el bufete.

 

De esta forma, según consta en la sentencia, el despacho trata de impedir que el cliente pueda resolver unilateralmente el contrato con evidente y grave limitación de su derecho de defensa, pues sólo será posible hacerlo mediante el desembolso de una indemnización desproporcionadamente alta.

 

Desde el Consejo General de la Abogacía valoran positivamente la sentencia y destacan su acierto ya que, según indican, los letrados están obligados a exigir sus honorarios de acuerdo con las normas de deontología de la profesión y la competencia.

 

Al respecto, fuentes de la abogacía señalan que este fallo del Supremo se sitúa con naturalidad en la línea de futuribles resoluciones que, en este mismo sentido, se dicten en protección de los derechos de los clientes. Ésta será la consecuencia lógica de la transposición de la Directiva de Servicios que ha potenciado la protección de los intereses de los clientes o usuarios de los servicios jurídicos.

 

Jurídico. Diario Expansión

Victoria Martínez-Vares. Madrid

 

 

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